La
Organización de las Naciones Unidas se fundó el 24 de octubre de 1945 en
San Francisco, California, pero el país que le dio cuna y luego asiento
en Nueva York no la quiere demasiado. Tampoco le preocupa el
cumplimiento cabal de los pactos y convenciones que ha firmado o
adherido o de los que es Estado-parte. Con su capacidad de veto en el
Consejo de Seguridad de la organización internacional más importante del
planeta, no vacila en vedar acuerdos aprobados por los representantes
de 193 países que integran su Asamblea General.
Rusia, China, Francia y Reino Unido, en su calidad de miembros
permanentes del Consejo, no han dudado en vetar resoluciones que hieren
sus intereses o posiciones geopolíticas y no están exentas de incumplir
tratados que aprobaron.
La campeona fue la ex Unión Soviética, lo usó
120 veces, pero desde fines de 1991 cuando se convirtió en Federación
Rusa sólo tres; EE.UU. en 81 ocasiones, el Reino Unido en 32, Francia en
18 y China en cinco. Sin embargo, nunca dejaron de aportar su cuota al
financiamiento de los diversos organismos de la ONU, como hizo la Casa
Blanca el 11 de noviembre del 2011 con la Organización de las Naciones
Unidas por la Educación y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés)
cuando una aplastante mayoría de sus miembros aprobó el ingreso de la
Autoridad Palestina como Estado con pleno derecho.
La primera vez fue más dura: en 1984, EE.UU. se retiró de la Unesco
–a la que reingresó en el 2003–, inconforme con las políticas de su
director general entonces, el ex ministro de Educación y Cultura de
Senegal Amadou-Mahtur M’Bow, el primer negro africano en ocupar ese
cargo. Le criticaba sus posiciones “antioccidentales” en materia de
desarme, la cuestión palestina y el apartheid sudafricano y, en
particular, la polémica iniciativa de establecer un nuevo orden mundial
de la información y la comunicación. Singapur y el Reino Unido también
se retiraron en 1985, infligiendo un duro golpe al ya flaco presupuesto
de la organización.
La disconformidad estadounidense más reciente fue despertada –más
bien tarde– por la Convención de la ONU sobre los derechos de las
personas con discapacidad, aprobada en diciembre del 2006 y “concebida
como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de
desarrollo social” (www.un.org). Ratificada por 126 naciones a las que
insta a “garantizar que las personas con discapacidad gocen de los
mismos derechos que sus conciudadanos”, EE.UU. es uno de sus 155
signatarios. El Partido Republicano y no pocos demócratas y aun
autoproclamados libertarios se oponen a que tal “despropósito” ocurra.
El verdadero despropósito es el argumento de semejante negativa.
Betsy Woodruff aduce en la muy conservadora National Review que
“podría potencialmente socavar la soberanía estadounidense”
(www.nationalre view.com, 3/12/12). El libertario Instituto Cato aduce
lo mismo y aplaude la decisión del Senado de rechazar la ratificación
del tratado por 61 votos contra 38 (www.cato-art-liberty.org, 4/12/12).
Pero conviene remitirse a lo señalado por The New York Times: “La
Convención carece de las disposiciones necesarias para alterar o
invalidar las leyes de EE.UU. y cualquier recomendación que de ella
emane no sería vinculante para el Estado o los gobiernos federales o los
tribunales federales” (www.nyti mes.com, 3/12/12). Porque el punto es
precisamente ése: no es un tratado vinculante, es decir, no obliga a sus
signatarios a acatarlo. En realidad, la cuestión es otra: el déficit
presupuestario brutal de EE.UU.
El comité de agricultura de la Cámara de Representantes aprobó un
corte de más de 16.000 millones de dólares de la financiación del
llamado Programa de alimentos por estampillas que facilita la nutrición
de numerosas familias pobres. Si se aprobara ese proyecto de ley, de dos
a tres millones de personas perderán tal ayuda por completo
(www.disabled-world.com, 28/7/12). Por su parte, la presidenta demócrata
del Senado, Debbie Stabenow, aboga por un recorte mayor
(www.washigtonpost.com, 5/12/12). El ejercicio de la soberanía,
entonces, consistiría en el derecho a empobrecer aún más a los pobres.
Otra cuestión que irrita a los neoconservadores, y también mienten
sobre ello, es el llamado Plan 21, uno de los muchos documentos de la
ONU que, en este caso, versan sobre el desarrollo sustentable en el
siglo XXI. El ex periodista estrella de Fox News, Glenn Beck, abandera
el repudio: dijo en relación con este plan que “cuando (la ONU) hunda
sus colmillos en nuestras comunidades, les chupará toda la sangre y no
podremos sobrevivir. Tengan cuidado” (//media matters.org, 17/6/11).
Nada que ver: la propuesta no es vinculante.
John Bolton, ex embajador de EE.UU. ante la ONU designado por W.
Bush, fue quien mejor definió la actitud de la Casa Blanca hacia la
organización mundial: “No hay Naciones Unidas –dijo–. Lo que hay es una
comunidad internacional que ocasionalmente puede ser dirigida por el
único poder real que existe en el mundo y ese poder es Estados Unidos”
(www.de mocracynow.org, 31/3/05). Oiga.
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